La investigación de la Fiscalía sobre el proyecto turístico El Azufre SA

La Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado enfocó su investigación en el cumplimiento o no de informes ambientales necesarios según las actividades y obras que la empresa está desarrollando en el Campo Potreros de la Cordillera Norte.

Ante Ambiente, El Azufre "solo ha tramitado la categorización de la instalación de una casa modular, un taller y otras obras menores" que generan un "bajo impacto ambiental".

"Una vez que el proyecto del centro turístico sea ya viable deberá presentarse ante la Unidad de Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial", indicó la propia secretaría ante el pedido de informe de la Fiscalía de Estado.

Después de ello, El Azufre recibió una habilitación precaria por 180 días por parte de la Municipalidad de Malargüe que lidera Juan Manuel Ojeda.

Ese certificado provisorio se trata de una habilitación comercial destinada a Alojamiento Turístico, Servicio Gastronómico, y Operador de Turismo Aventura, que fue lo que la empresa puso en marcha a mediados de este año recibiendo turistas nacionales e internacionales para realizar esquí de travesía.

Dice la municipalidad que "la obra reviste un bajo impacto ambiental y es de corta duración" y que, una vez que el proyecto de centro turístico "sea considerado viable por la empresa, deberá presentarse ante la Unidad De Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente una memoria descriptiva de la totalidad del desarrollo turístico a fin de ser evaluado en el ámbito de la provincia".

Entonces, el certificado se dio "previa factibilidad ambiental, y posterior habilitación comercial de dos casas modulares, con sólo seis habitaciones cada una; excluyendo de forma alguna el centro de esquí aludido", aunque sí con el ok para operar esquí de travesía, es decir sin medios de elevación.

Las conclusiones de la Fiscalía de Estado sobre el impacto ambiental de El Azufre

En primer lugar, la dirección de Asuntos Ambientales concluye que "la denuncia ambiental en curso carece de mérito para su procedencia".

Y valora que "hasta el momento no está siendo evaluado ni construido el centro de esquí proyectado".

"Lo que está en ejecución, según ha sido inspeccionado, no es parte del centro de esquí sino de la infraestructura previa y provisoria necesaria para elaborar el proyecto de dicho centro y considerar su viabilidad", analizó la Fiscalía, lo cual cae en la regla de la jurisdicción municipal y no provincial.

Esas obras, valora la Fiscalía según los informes presentados por Ambiente y por Malargüe, "se encuadran en una habilitación provisoria por una superficie de 370 m2: dos casas modulares, con sólo seis habitaciones cada una; excluyendo la autoridad municipal y de manera expresa al centro de esquí aludido".

Entonces, dicen desde la dirección de Asuntos Ambientales, el que debe ser sometido al procedimiento legal de Estudio de Impacto Ambiental es el proyecto final.

"La habilitación municipal contempla Alojamiento Turístico, Servicio Gastronómico, y Operador de Turismo Aventura. Y las actividades deportivas de montaña que se realicen antes e independientemente de la construcción del centro de esquí pueden resultar ajenas a la necesidad de EIA", dice el dictamen en sus argumentos.

Ahora bien, respecto de esas actividades habilitadas por el intendente de Malargüe, que no estaban previstas en el análisis inicial que hizo la Secretaría de Ambiente cuando permitió la instalación de lodges para el estudio de la factibilidad de la zona, la cartera de Humberto Mingorance ha pedido a la empresa un nuevo informe.

Ese informe aún está en trámite por lo que la Fiscalía sugiere "mantener un seguimiento".

Es que en lo que refiere al ordenamiento territorial, el Municipio entiende que ni las obras actuales ni las de un proyecto futuro vulnerarían el ordenamiento jurídico vigente. En tanto la Provincia informa que "que no hay incompatibilidades entre el uso del suelo que involucra el caso y el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial" y que a futuro, las intenciones de El Azufre tampoco serían incompatibles, aunque, claro, siempre quedará sujeta esa determinación al estudio de impacto ambiental que se realice en su momento.

Respecto de la ley de Glaciares, la Fiscalía entiende que las construcciones "se encuentran a varios kilómetros del glaciar existente" y que sobre los vertidos, El Azufre cuenta con una planta de tratamiento.

En las conclusiones expresadas por la Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado se desestima -como decíamos- por carecer de mérito la denuncia de Fugazzotto y Sosa y, lógicamente, no se inicia ninguna acción para revertir la habilitación para operar que tiene El Azufre.

Sí quedará la Fiscalía atenta a que se sigan cumpliendo las pautas ambientales respecto de las actividades y obras que ya se habilitaron.